A menos que surja una argumentación inimaginable, el acuerdo con la empresa finlandesa es inconstitucional, ilegal e inmoral
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibirá en los próximos días, por iniciativa del diputado Pablo Abdala, a los funcionarios que, en nombre del gobierno uruguayo, firmaron el convenio con UPM para la instalación de una segunda planta de celulosa sobre el Río Negro.
Se trata del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Y la primera explicación que deberían ofrecer es qué disposición constitucional les otorga a esos funcionarios dependientes del Presidente de la República la potestad de firmar un convenio de esa naturaleza. La respuesta deberá ser muy novedosa para que resulte medianamente aceptable. Es más, ni el propio Presidente de la República podría asumir por su cuenta y riesgo la enorme cantidad de compromisos a que se obliga el estado uruguayo en ese documento, sin caer en una flagrante violación constitucional. Continuar leyendo «¿Podrá el gobierno explicar el contrato con UPM con la Constitución en la mano?»