Comisión investigadora

Costa Fortuna dice que le deben US$ 15 millones por trabajos
Costa Fortuna dice que le deben US$ 15 millones por trabajos

(El País).- La empresa constructora Costa Fortuna denunció en la comisión investigadora sobre la fallida regasificadora, que entiende que el consorcio GNLS, muy probablemente en connivencia con la brasileña OAS, la estafó e informó que el Juzgado de Crimen Organizado, que analiza el tema, ha encontrado indicios de comportamiento ilícito y tiene como indagados a directivos de ambas empresas.

El diputado blanco Pablo Abdala explicó a El País que sobre fines de 2014, GNLS amplió el contrato y encargó a Costa Fortuna a través de OAS la instalación de más de 50 pilotes adicionales en el Río de la Plata, lo que representaba una ampliación del contrato del orden del 75%.

En febrero siguiente la obra se detuvo y Costa Fortuna nunca recibió el pago de US$ 15 millones que le hubiese correspondido. Luego, de manera llamativa si se consideran las dificultades que atravesaba, OAS le pagó una indemnización a GNLS por US$ 126 millones y a su vez este consorcio le pagó al Estado (a través de Gas Sayago) una multa de US$ 100 millones porque la obra quedó trunca. De esta forma, señaló Abdala, GNLS habría obtenido un beneficio injusto de al menos US$ 26 millones y quizás de US$ 40 millones si se suma el pago nunca hecho a Costa Fortuna por los trabajos realizados.

Por otro lado, Abdala señaló que los pilotes, que llevan dos años instalados en el agua, muy probablemente se hayan deteriorado. Los representantes de Costa Fortuna señalaron en la comisión que no están en condiciones de informar cuál es su estado. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, había señalado que los pilotes constituían un “activo”.

Crimen Organizado trabaja con los servicios técnicos del Banco Central del Uruguay para estudiar eventuales transferencias entre OAS y GNLS. OAS es una constructora brasileña involucrada en escándalos en su país por pago de sobornos.

La Justicia norteña investiga si le regaló un apartamento al expresidente Lula da Silva. Además se investiga si el actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, recibió dinero para interceder ante el gobierno uruguayo para que se le adjudicara a OAS la construcción de la planta regasificadora.

La regasificadora está paralizada desde 2015 aunque el gobierno está en tratativas con la multinacional Shell para reactivar el proyecto que, de concretarse, sería mucho más pequeño que el original.

Gas Sayago, empresa formada por Ancap y UTE, adjudicó en mayo de 2013 la obra de la regasificadora al consorcio GNLS, integrado por GDF-Suez y la japonesa Marubeni, que a su vez subcontrató a la brasileña OAS.

La construcción de la regasificadora perdió viabilidad cuando el gobierno de Argentina no dio certeza respecto a que ese país fuese a absorber el volumen de gas natural que hubiese producido la instalación que quedó trunca.

Pablo Abdala: “Buen ejemplo de mal negocio”

 

Diputado Pablo Abdala
Diputado Pablo Abdala

El Diputado Pablo Abdala aseguró que la planta regasificadora fue un “buen ejemplo” de los malos negocios del gobierno frenteamplista. Y sobre todo, fue un “buen ejemplo” de la “herencia maldita” que dejó la administración de José Mujica en particular, que según Abdala, “actuó con la improvisación que fue la característica de su gobierno”.

Lo calificó como “un pésimo proyecto desde el punto de vista productivo y de la escala de generación de gas que allí se previó”. También calificó de “pésimo” el lugar elegido para la instalación de esa planta.

“A esta altura estamos en el entorno de los 100 millones de dólares que se van a perder en esta aventura” dijo el diputado Abdala, promotor de la Comisión Investigadora que se creó en la Cámara Baja para analizar ese emprendimiento de Gas Sayago, que calificó de “burocracia privada de propiedad estatal”, que “no sirvió para nada más que para pagar sueldos altos” y para perder dinero del Estado.

Entrevistado en el programa “Construyendo Democracia” en CX 30 Radio Nacional, Abdala expresó que todo el episodio de la regasificadora se manejó “en el más absoluto secretismo” por parte de las autoridades, pero ahora la investigadora “va arrojando luz y van apareciendo más cosas”.

 

 

Denuncia penal contra el presidente Vázquez por negociar con UPM

 

El abogado Gustavo Salle denunció ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia al presidente Tabaré Vázquez, al secretario de Presidencia, Miguel Toma, y a varios ministros por “hechos con apariencia criminal” dado que negocia con la empresa UPM un contrato de inversión, algo que, sostiene, no permite la ley de inversiones de enero de 1998. 

“Desde ya entonces, el Ejecutivo está actuando del margen (sic) de toda competencia constitucional o legal. Asimismo, no ha habido un llamado o una licitación pública internacional previa a la negociación de ese contrato de inversión con UPM”, señala el escrito que presentó Salle. Entiende el abogado que la negociación “viene siendo realizada clandestinamente, a espaldas del pueblo, en la opacidad”. “Se obstruye de este modo el acceso del pueblo a un contrato en el cual el gobierno es parte en nombre del Estado e invocando la representación del pueblo”, sostiene.Salle entiende que con la negociación y el eventual acuerdo, “el gobierno subordina su voluntad estatal a la de una empresa privada, comprometiéndose a dictar actos administrativos en función de un contrato, antes que en obediencia a la constitución y a la ley” (…) Es el Estado al servicio de UPM. Es el Estado contratado por UPM”, entiende Salle. Reclama que el Poder Judicial pida al Ejecutivo documentos sobre las tratativas.

 Fuente: El País

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