“La mayor relevancia del hecho surge por ser nada menos que el sector político del Ministro de Economía, celoso custodio de la transparencia fiscal, quien incurre en tan grosera violación.”

Dr. Jorge T. Bartesaghi
Dr. Jorge T. Bartesaghi
2/9/16
16/9/16

Reconocemos que nos hubiera gustado mucho más utilizar este espacio para abocarnos al análisis de los grandes temas que ocupan y preocupan a la sociedad uruguaya, pero, por una u otra razón, generalmente la infinita creatividad del Frente Amplio en el ejercicio del gobierno, nos obliga a enfocar temas a los que resulta imposible escabullirnos.

Días pasados, diversas diferencias, cuyo contenido no nos interesa, surgidas entre el Presidente del Sodre Jorge Orrico y su sector político Asamblea Uruguay, determinaron que la Ministra de Educación y. Cultura le solicitará la renuncia a su cargo.

Lo cierto es que luego de variadas imputaciones recíprocas se hizo público que a una secretaria del director, ex diputado del Asamblea Uruguay, no se le habrían hecho los aportes correspondientes a la seguridad social, durante nada más ni nada menos que veinte años.

Según lo manifestado por Orrico, tanto él como los demás compañeros del sector renuncian en favor de Asamblea Uruguay a las partidas que por concepto de Secretaria se les abona, y es ésta quien se encarga del pago de los salarios y demás beneficios a las personas que cumplen dicha función.

Distintos cruzamientos públicos entre Orrico y Danilo Astori dejaron en evidencia la ineludible responsabilidad del sector político Asamblea Uruguay, que, en el mejor de los casos, y dando por sentado que es el titular quien define y ordena nombres y montos a abonar por los servicios prestados por sus funcionarios, no puede disimular su complicidad en el inocultable ilícito. Esto en versión Asamblea Uruguay; en versión Orrico al sector le corresponde una absoluta, total y excluyente autoría.

La mayor relevancia del hecho en cuestión surge por ser nada menos que el sector político del Ministro de Economía, celoso custodio de la transparencia fiscal, quien incurre en tan grosera violación. Sorprendente sin duda.

Intentando descubrir alguna razón que nos permita comprender la génesis de tan absurdo y pueril exabrupto, no encontramos otra que la suficiencia y la soberbia que suele generarnos el poder absoluto, el poder que puede, a través de sus mayorías absolutamente regimentadas, colocarse por encima de toda obligación, considerando que su impunidad queda garantizada por el simple mantenimiento de la unidad prometida.

Esta suficiencia, generadora de soberbia despreciativa de las normas jurídicas y éticas acordadas por la sociedad, no tiene otro destino que la disolución, la destrucción de los grupos que la sufren. Y el Frente Amplio no es una excepción. No puede escapar al deterioro, al agotamiento generado por sus naturales antagonismos.

Sus diferencias ideológicas, disimuladas durante largo tiempo en aras del beneficio que otorga una unidad protectora, finalmente no pueden menos que desnudarse y dejar en evidencia diferencias profundas que impiden continuar con una falsa unidad, por beneficiosa que esta resulte.

Lo cierto es que el milagro de la gestación del Frente Amplio ha superado la imaginación del gran Discepolin pues sin duda existen mayores diferencias entre alguno de los grupos que lo integran que las que imaginara el poeta en su “vidriera irrespetuosa de los cambalaches”. Pensamos que no son mayores los antagonismos entre “Carnera y San Martín” o “la Biblia y el calefon” que las que existen entre marxistas ortodoxos y demócratas cristianos o social demócratas.

Su génesis, verdadera obra maestra de construcción política, en cuanto ha logrado unificar posturas que se encuentran en las antípodas del pensamiento, lleva indefectiblemente en su seno los genes de la destrucción pues sus diferencias esenciales son imposibles de mantener en el tiempo.

Lo cierto es que este último episodio aparece como un nuevo ejemplo del proceso de inexorable deterioro que sufre el Frente Amplio. A los desastrosos capítulos protagonizados por Pluna y sus aberrantes ulterioridades, al sorprendente descalabro de Ancap y sus daños descomunales y sin precedentes, al ridículo protagonizado por el vicepresidente al intentar sostener una mentira a todas luces evidente, se agrega ahora este episodio de fraude fiscal que no hace otra cosa que poner de manifiesto el desprecio de la fuerza política por la normativa jurídica a la que considera subordinada a su propio poder.

El gobierno debiera poner el mayor de los énfasis en el esclarecimiento del hecho y sus responsabilidades aplicando las sanciones políticas que puedan corresponder. Debe hacerlo en cumplimiento de la ineludible obligación de defender la esencia misma de la democracia que se basa fundamentalmente en la aceptación y credibilidad en la transparencia de sus instituciones.

El ocultamiento, el disimulo o la simple indiferencia de hechos como el señalado inducen a la desconfianza y desconformidad sobre el sistema. Y peor aún, el impacto que causa en las nuevas generaciones, desconocedoras.por obvias razones, de los peligros que implica el descreimiento sobre la democracia y sus instituciones, quienes empiezan a admitir como naturales sucesos como el presente.

Es obligación del gobierno dar señales claras, indubitables, de condena a las transgresiones en que incurren los ciudadanos, con especial severidad cuando se trate de las cometidas por sus propios integrantes.

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