Jorge Larrañaga
Jorge Larrañaga
9/2/17
9/2/17

En la jornada del pasado miércoles, se reunió de forma extraordinaria la Cámara de Senadores para debatir sobre un Proyecto de Ley por el cual se establece una transacción entre el Poder Ejecutivo y algunos colectivos gremiales del Poder Judicial y del Tribunal del Contencioso Administrativo por el conflicto salarial que se arrastra desde 2010.

“Colosal burrada”

El Senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, hizo uso de la palabra e indicó que la causa de todo el problema “fue una colosal burrada del gobierno y del equipo económico liderado por el Ministro Astori, que en aquel momento era el vicepresidente y además el que comandaba el equipo económico. El diferendo es la consecuencia de aquella antológica pifia” donde se “desenganchaba” al Poder Judicial de los aumentos que el Poder Ejecutivo previó para los Ministros de Estado.
Agregó: “Son de esas burradas a las que el “dream team” económico del FA nos acostumbró, que salen mucha plata.”
El senador nacionalista expresó que por estos graves errores hoy se está en esta situación, en la cual “se ha colocado al parlamento nacional como árbitro para decidir en un conflicto que generó el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y el TCA y sus funcionarios, jueces, actuarios, con los fiscales, con los defensores, etc”.
“Nos colocan al Parlamento a terciar en un conflicto salarial que tiene un único responsable y muchos damnificados, los funcionarios y las arcas del Estado”. Indicó Larrañaga.
Larrañaga consideró que el Estado es responsable por todo lo adeudado a los funcionarios del Poder Judicial y que con estas iniciativas pretende liberarse pagando un porcentaje del total.

Inconstitucional

El senador y líder del bloque Alianza Nacional expresó que esta norma supone coaccionar una transacción: “supone ingresar en una transacción sobre salarios cuando eso no es materia de ley.”
Además sostuvo que “esta iniciativa es inconstitucional. Vulnera -al menos- los artículos 7, 53, 54 de la Constitución y además, con el artículo 72 se forma el bloque de constitucionalidad”.
Agregó que se viola el principio que establece que hay derechos irrenunciables, como lo es caso de los derechos de naturaleza salarial.
Larrañaga sostuvo que “se están subvirtiendo criterios jurídicos básicos”, e indicó que “ningún acreedor está obligado a aceptar un pago parcial” y que tampoco “se puede obligar a renunciar al saldo de una deuda”.

Coerción

Manifestó que el argumento del oficialismo es que algunos de los colectivos –parte de los gremios del Poder Judicial- involucrados aceptaron, “porque eso de ningún modo subsana las defecciones legales ni la inconstitucionalidad”.

Estado patrón

Larrañaga cuestionó el manejo que el gobierno ha hecho del conflicto, porque “ha generado chicanas, al punto de hacer leyes para evitar el pago, o la incorporación en la anterior ley de Rendición de Cuentas de un artículo –el 733- que poco menos establece que el Estado paga cuando quiera”.
Agregó que “ahora diseñan esta ley donde hacen coercitivamente que quienes quieran cobrar lo que legítimamente le deben, tengan que renunciar a derechos. Así conducen al Estado como patrón, cuando el Estado debería dar el ejemplo en el respeto de los derechos salariales”.

“El Estado uruguayo manejado por el Frente Amplio, actuando como patrón, le hace esta jugada a los dependientes, a sus trabajadores”, sentenció Larrañaga, al tiempo que agregó que “no sirve que digan que lo aceptaron los colectivos, la alternativa a esto era que el Estado pergeñara los mecanismos para escapar de su obligación como lo han hecho durante seis años”.

Indicó: “¿cómo no van a aceptar algunos colectivos si los vienen jineteando hace años y hace varias leyes? ¿Cómo no van a aceptar cuando el Ejecutivo ofrece al menos algo…? Ese es el Frente como patrón… lejos de dar el ejemplo, ha irrespetado los derechos del trabajo, al Poder Judicial y sus funcionarios en todas sus áreas”.
Larrañaga advirtió que –a pesar del intento del proyecto de ley- nada evita, jurídicamente, que haya reclamos por el saldo adeudado.

Durante el intercambio parlamentario, Larrañaga denunció que el gobierno “ha confesado que han usado leyes para mejorar la posición de negociación del Poder Ejecutivo, lo que constituye un claro ejemplo de abuso de poder”.
Culminó su intervención sosteniendo que la solución viola además, normativas de Pactos Internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional de San Salvador.

Deja un comentario

required

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>