Dr. Luis José Martínez
Dr. Luis José Martínez

Con motivo del acaecimiento de un hecho trágico, concretamente el asesinato de un funcionario policial, cometido por delincuentes que ingresaron con fines de robo a un establecimiento comercial, se han generado reacciones, opiniones y puntualizaciones de todo tipo, de modo particular en función de las declaraciones efectuadas por el Subsecretario del Interior, señor Jorge Vázquez.

Resultó sorprendente para el público en general, el énfasis que el nombrado funcionario puso en lo concerniente a una transgresión que se habría cometido en este caso, puesto que el trabajador fallecido se encontraba cumpliendo tareas que, por su naturaleza, condiciones de trabajo y extensión horaria, no se hallan dentro del marco legal o reglamentario vigentes para la función policial. La aludida transgresión, ciertamente no imputable a la víctima, debe ser atribuida a criterio del Ministerio del Interior  al comerciante que contrató sus servicios, como surge de la denuncia que al efecto formalizó dicho ministerio y de las declaraciones del propio subsecretario.

Nadie podría seriamente desconocer que las circunstancias de un hecho luctuoso como el ocurrido deben ser esclarecidas en todos sus términos (dando por obvia la sanción penal correspondiente al autor o autores del homicidio), ni que las normas de la ley orgánica policial y concordantes están hechas para cumplirse, ni que la eventual responsabilidad del empresario contratante debe ser examinada, y en su caso sancionada, por los órganos judiciales competentes. Mas no deja de llamar la atención cuán intensamente se pone el foco en este aspecto del problema, mientras se guarda silencio, por parte del subsecretario, sobre otros singularmente relevantes.

Las interrogantes y las cavilaciones a este respecto forman parte sin duda un estado de opinión bastante generalizado. A tal punto esto es así que el propio señor Vázquez volvió sobre el tema unas cuantas horas después de sus manifestaciones iniciales, pues estimó necesarias ciertas aclaraciones en relación con sus dichos.

Por lo pronto, señaló que lo primero que había hecho cuando fue interrogado sobre el triste episodio, fue trasmitir su solidaridad a los familiares de la víctima y su consternación por lo ocurrido. Nos consta efectivamente que así fue, pero no sabemos de nadie que piense que habría debido empezar formulando otra clase de manifestaciones. Añadió que no había pretendido atribuir la responsabilidad a la víctima, sino que en todo caso ella recaería sobre quien había requerido sus servicios, y que a tal efecto se había formalizado denuncia (como lo señalamos con anterioridad).

El problema no radica principalmente, sin embargo, en lo que el subsecretario ha dicho, sino en lo que ha omitido. Es sabido, por lo pronto, que la inseguridad constituye una preocupación prioritaria para los habitantes de este país. Esta nueva muerte injusta ha tenido lugar dentro de un comercio ubicado en un área que se cuenta entre las más concurridas de la capital. La percepción de la opinión pública es que las personas no pueden estar tranquilas casi en ninguna parte. Ya se acabó, hace tiempo, la paciencia para seguir oyendo el argumento de que se trata de una sensación, de un fenómeno psicológico que no necesariamente se corresponde con la realidad.

Cuando el gobierno exhibe cifras estadísticas según las cuales el número de ciertos delitos ha disminuido, y aun dando por buenas tales cifras porque tampoco se trata de ver fantasmas por todas partes, es válido preguntarse si eso es todo lo que se ha podido conseguir luego de incorporar recursos, especialmente tecnológicos, que antes no estaban disponibles. Decir que el despliegue de tan numerosos elementos técnicos, el adiestramiento consiguiente del personal afectado a la represión del delito y el añadido de nuevos medios modernos ha arrojado muy pobres resultados, no es un invento malicioso de los opositores al gobierno, sino algo tan simple como una mera constatación. Sobre este problema, del cual el gobierno tiene la obligación de ocuparse,

sobre la ineficacia de lo actuado en la  materia, sobre la necesidad impostergable de analizar lo que se ha hecho, de rectificar lo que se ha hecho mal, de actuar a partir de reflexiones y de decisiones que involucren a todos, nada nos dicen las autoridades.

Semejante silencio, con todo, es comprensible. No hace mucho tiempo, el gobierno de la “fuerza política” convocó a diversos sectores políticos y sociales a un gran diálogo nacional acerca del tema. El resultado frustró todas las expectativas: una y otra vez, las opiniones de quienes no forman parte de la coalición gobernante fueron desoídas, desatendidas o diluidas de esta o aquella forma.

Nadie pretende, claro está, la completa supresión del delito, el acatamiento espontáneo del derecho vigente por parte de todos los habitantes del país u otras maravillas semejantes,  ajenas por completo a la realidad social. Nadie podría tampoco prometer seriamente, y por eso a nadie se le ocurre hacerlo, que un gobierno diferente del actual (que sin duda vendrá) encontrará con rapidez la solución del problema al que nos referimos. Pero sí hay  derecho de pedir, más todavía, de exigir, un poco de responsabilidad y también (suponiendo que tal cosa aún puede ocurrir con el elenco de gobernantes que tenemos y que encabeza el doctor Tabaré Vázquez) un poco, aunque sea un poco, de humildad.

¿Será pedir demasiado?

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