Dr. Luis José Martínez
Dr. Luis José Martínez

La muerte de un funcionario policial víctima de homicidio, ocurrida hace un par de semanas cuando se proponía evitar un robo en el establecimiento comercial que había contratado sus servicios como guardia de seguridad, motivó nuestra columna publicada en la anterior entrega de LA DEMOCRACIA. Como los lectores recordarán, expresamos allí nuestra sorpresa, que era generalizada entre la población, ante el notable énfasis con que el subsecretario del Interior, señor Jorge Vázquez, subrayó ciertos aspectos reglamentarios vinculados con el asunto, al extremo de que (sin perjuicio de manifestar su dolor y trasmitir su pésame como correspondía) colocó claramente en un primer plano la eventual transgresión de las normas vigentes mediante la contratación del funcionario fallecido, por cuanto las tareas que cumplía fuera de horario se hallaban vedadas por las normas en vigor y, por ende, el contrato respectivo podría hacer pasible de sanciones penales al propietario del negocio. Tan es así que el propio ministerio formuló denuncia al respecto ante el magistrado competente.De ningún modo vamos a cuestionar la pertinencia de la denuncia efectuada. No es ése el objeto de estas líneas. Más todavía: puesto que los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar las conductas con apariencia ilícita de las que tengan conocimiento en virtud de sus funciones, sería deseable que todos ellos, incluyendo al ministro y al subsecretario del Interior, fueran siempre tan celosos de su deber como lo fue este último en la oportunidad que nos ocupa. Bien sabe el lector que, lamentablemente, las cosas no ocurren habitualmente de este modo.
Actuando de la manera descrita, el subsecretario tranquilizó al parecer su conciencia y, tal vez, dio al mismo tiempo por cumplido su deber. Como señalamos en nuestra columna anterior, el trágico episodio, que se inscribe en el marco de la preocupación generalizada en la ciudadanía ante la creciente inseguridad, no motivó sin embargo ninguna reflexión importante por parte del nombrado señor Vázquez. Un funcionario policial había perdido la vida, las circunstancias del hecho (el lugar, la hora, la afluencia de público, la inmediata difusión pública) parecían confirmar la convicción ciudadana de que el Estado está perdiendo la batalla contra la delincuencia, pero el subsecretario prefirió ocuparse principalmente de unas singularidades normativas que, aun sin despreciar su significación, no eran en ese momento ni lo más doloroso ni lo más preocupante. De autocrítica, claro está, ni pensarlo.
La responsabilidad política de la autoridad competente resulta, no obstante, inocultable. El hecho de que muchos policías, fuera del horario reglamentario, prestan servicios de seguridad en la misma forma que lo hacía la víctima, no puede haber sido desconocido por parte del ministerio del ramo. Hasta tal punto esto es así, que un grupo representativo de comerciantes se ocupó de explicar por todos los medios a su alcance que esa clase de servicios eran demandados con relativa frecuencia por parte de numerosos establecimientos, indicando además las razones por las que, a su criterio, se veían obligados a proceder de tal modo.
Los colegas del trabajador policial abatido trasmitieron por su parte a la opinión pública que, frecuentemente, los funcionarios se veían también necesitados de realizar tales labores adicionales como forma de obtener los recursos económicos necesarios para hacer frente a sus obligaciones. De donde resulta que, desde cualquier punto de vista que se lo mire, esto era naturalmente sabido por las jerarquías del ministerio. Sería pertinente preguntarle al subsecretario y principalmente al ministro si estando convencidos, como el señor Vázquez ha dicho quizás con razón, de que por esa vía se configura una conducta ilícita al menos por parte del arrendador de los servicios, se formalizaron anteriormente denuncias semejantes a la efectuada en esta oportunidad y, en caso afirmativo, cuántas veces. Por cierto, nos satisfaría y nos tranquilizaría sobremanera que la respuesta fuera: sí, efectivamente se ha procedido antes de esa forma.
Se ha vuelto costumbre para la “fuerza política” gobernante, eludir los numerosos problemas que el país confronta mediante el artificio de fijar la atención en lo menos importante para de tal manera desviar el foco de los problemas mismos. Lo ocurrido a raíz del desgraciado suceso que comentamos, corrobora la afirmación anterior. Para colmo los depositarios del poder, cual nuevos ricos ufanos de su condición, no escuchan a nadie ni creen necesitar jamás la opinión de nadie, tan seguros se sienten acerca de sí mismos y de su capacidad para gobernar.
Semejante soberbia tiene al país empantanado, entre otros asuntos, en un área tan vital como la educación. Toda la discusión que se da en su seno queda reducida a las cifras y a los porcentajes de dinero asignados o por asignar en ese campo. De paso y desde hace ya un buen tiempo, ha primado dentro de la coalición la certidumbre de que, prácticamente, sólo merece llamarse educación aquella que imparten las instituciones públicas, eso sí, con la notoria excepción de la que corresponde a las fuerzas armadas, porque educación, lo que se llama educación, es lo que dicen los órganos de gobierno de la coalición y “todo el mundo boca abajo”.
A tal punto es así lo que decimos sobre la educación que, cuando dos prominentes jerarcas del ministerio del ramo osaron poner sobre la mesa ciertas propuestas verdaderamente sustantivas, y no obstante su prestigio profesional, fueron defenestrados ipso facto, (debido a su “incompatibilidad de caracteres” con el Presidente de la ANEP, señor Netto) por la ilustrada ministra doctora Julia Muñoz. Lo del prestigio intelectual de los afectados va por cuenta nuestra, debido a que estamos convencidos de su solvencia técnica más allá de que pertenecen a la “fuerza política”, pues sería de imperdonable sectarismo suponer que la capacidad o el saber no pueden residir en nuestros adversarios. Y aclaramos que va por cuenta nuestra dado que, en cuanto concierne por lo menos a uno de los jerarcas mencionados, la señora ministra lo descalificó pues se trataba apenas de un maestro de escuela. Sí, estimado lector: eso afirmó la ministra doctora Muñoz y, aunque ya lo hemos dicho antes, continuaremos diciéndolo para que a nadie se le olvide el peculiar estilo de la doctora para apostrofar, con arreglo a sus criterios, a un alto funcionario de la cartera.
Si no se escuchan entre ellos, ¿cómo podrían escuchar a los demás?
A propósito de defenestraciones: por estos mismos días comienzan a arreciar dentro de la coalición gobernante los llamamientos, algunos más o menos velados pero otros explícitos, para que el vicepresidente Sendic haga un sacrificio a fin de mejor servir a la “fuerza política”. Como la culpa siempre la tienen los otros, pero aun así no se puede continuar sosteniendo la inverosímil teoría de “la superioridad moral de la izquierda”, parece haber sonado la hora en que, puesto que a los culpables ya no se los puede hallar solamente entre los adversarios, alguien que probablemente no es el que cometió más desaguisados pero sí el que más quedó en evidencia, podría convertirse finalmente en la víctima propiciatoria, al modo de los ritos ancestrales, para cumplir el exorcismo regenerador.
No sabemos lo que finalmente sucederá. Como quiera que sea continuará existiendo, de acuerdo con los cánones frentistas, la derecha reaccionaria, insensible, neoliberal, retrógrada y avariciosa que al fin de cuentas y según esos mismos cánones, somos todos por igual y dentro de una misma bolsa, los ciudadanos (una mayoría en las urnas, dicho sea de paso) que no hemos votado a la “fuerza política” redentora. Y por lo tanto nosotros, que venimos a ser “los otros”, seguiremos teniendo la culpa.

Deja un comentario

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required