Dr. Jorge T. Bartesaghi
Dr. Jorge T. Bartesaghi
5/8/16
5/8/16

Nada sencilla resulta la encrucijada en que se encuentra el Frente Amplio por los múltiples debates que inevitablemente suscita el análisis de esta Rendición de Cuentas.

Un futuro incierto, al que, en parte al menos, no le son ajenas responsabilidades y errores cometidos por sus propios gobiernos, obligan a enfrentarlo con un mínimo de prudencia. Y prudencia en la conducción económica solo puede traducirse en recortes de gastos o aumentos de recaudación.

Ambas cosas han sucedido. A nadie se le oculta que este proyecto de Rendición de Cuentas impone un nuevo ajuste fiscal en cuanto pretende evitar incrementar la reducción del gasto con nuevas imposiciones tributarias. Como este ajuste resulta insuficiente el gobierno ha definido profundizar el ahorro imponiendo renuncias en el funcionamiento de organismos y servicios de educación. El destino elegido para el sacrificio no pudo ser peor. No convence a tiros ni troyanos.

Varios son los enfoques que parecen imprescindibles para un juicio valorativo sobre la actitud que adopta el Poder Ejecutivo. En primer término, -y sin entrar a analizar clarísimas responsabilidades relacionadas con el fracaso de políticas y sobre todo de gestión de empresas públicas, en buena parte causantes de la situación actual- resulta inevitable evaluar si los ítems sobre los que se pretende reducir el gasto son los adecuados, o si, por el contrario, pudo haberse optado por el recorte de otros gastos (superfluos o prescindibles) que hacen más al sostenimiento del “establishment” político que a reales necesidades de funcionamiento del estado.

Sobre el punto hemos sostenido permanentemente la necesidad de mantener desde el gobierno políticas de absoluta austeridad, no solo necesarias desde el punto de vista económico, sino imprescindibles desde una visión ética y de pedagogía social. Pocas cosas nos enorgullecen tanto a los uruguayos como el bajo índice de corrupción comparado con la realidad regional e internacional. Esto no solo hay que mantenerlo sino que es obligación fundamental reducirlo hasta el límite de lo posible, y para ello la austeridad es una herramienta imprescindible.

Por tanto el gobierno debió haber optado por otras soluciones en la necesaria postergación de los recursos asignados, recortando lo recortable y no apuntando a la educación y otras acciones de política social.

Finalmente, marchas y contramarchas, ajustes fiscales abiertos y de los otros, y dejando por el camino propuestas realizadas por el Partido Nacional, el Poder Ejecutivo define postergar a los distintos organismos de la educación recursos ya asignados por un monto de seiscientos cincuenta millones de pesos, desatando interminables debates en su bancada parlamentaria.

Cuatro diputados pertenecientes tres sectores aseguran que no acompañarán la propuesta con lo cual no se aprobaría el famoso art.6º, quedando sin efecto la postergación de gastos pretendida.

Intentando superar estas diferencias aparece una sorprendente e insólita propuesta. La realiza la Diputada Macarena Gelman y se reduce a lo siguiente: con la intención de evitar la postergación de gastos ya asignados a la educación sugiere eliminar a la universidades privadas de la lista de eventuales beneficiarios de donaciones que realicen empresas privadas bajo el régimen de exoneración fiscal previsto por Ley No.18.834, arts.269/271 y su modificativa Ley No.19.149, arts.358 y 359.-

Su fundamento es que como dichas donaciones se benefician fiscalmente en un importante porcentaje que resigna el fisco, su eliminación supondría un ahorro por monto concurrente.

Inimaginable el efecto causado. En una mesa crispada fue como “tirar un gato encima”. Por un lado el ministro Astori y la oposición toda descalificándola. Por otro el Vicepresidente Sendic apoyándola.

Desconocemos el resultado final pues se está votando cuando esto escribimos. Pero independientemente de cuál sea no podemos evitar manifestar nuestra sorpresa y preocupación por el planteo, tan insólito que nos hace sospechar sobre su verdadero fundamento.

La Diputada Gelman parece desconocer que la eliminación de las cinco universidades privadas de la lista de beneficiarios de eventuales donaciones no elimina el “costo fiscal”, pues el monto autorizado por ley sigue vigente y lo que no se les destine podrá beneficiar a otros muchos organismos públicos o privados, de enseñanza o no.

Hasta aquí solo vemos ignorancia. Ignorancia razonable de quien no tiene especialización en temas jurídicos.

Pero ¿por qué elegir a las universidades privadas?

Intentando no caer en suspicacias pero tampoco en ingenuidades, no encontramos otra explicación que una clara animadversión, probablemente fundada en posturas ideológicas, que no valoriza su esfuerzo educativo y las responsabiliza del mantenimiento de un orden social que no toleran.

Nada más alejado de la realidad. Los beneficios que pretenden eliminarse son el sustento de múltiples becas ofrecidas a quienes no tendrían esa posibilidad formativa. Hacen más justa e igualitaria una sociedad que solo podrá superarse y superar sus diferencias por el sagrado camino de la educación.

Si solo fuere ignorancia no nos preocupa pues siempre puede superarse o corregirse. Si por el contrario hubiere rencor, frustración u odio, la tarea de superación de la fractura social será mucho más dura, mucho más triste, mucho más dolorosa.

Deja un comentario

required

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>