Dr. Jorge T. Bartesaghi
Dr. Jorge T. Bartesaghi
1/4/16
1/4/16

En estos últimos tiempos la crónica policial no deja de sorprendernos día a día dando cuenta de hechos de violencia que, por su heterogeneidad, inusitada gravedad o desproporción entre el daño causado y su presunto “beneficio”, evidencian una escalada delictiva sin precedentes.

Y no se trata de cuantías o estadísticas. Se trata sí de entender que la extensión de la violencia contra la vida o integridad física de las personas ya no conoce límites de especie alguna, y que su crecimiento exponencial, no solo cuantitativo sino especialmente cualitativo, nos enfrentan a una realidad hasta hoy desconocida, pero ineludible de enfrentar.-

El asesinato de trabajadores del taxímetro, el asalto y copamiento de comercios, muchos de ellos localizados en barrios muy humildes, el ajuste de cuentas, generalmente de delincuentes, pero ejecutado con total desprecio de la vida de terceros inocentes que circunstancialmente los rodeen, la aparición del “sicariato” escoria criminal sin ninguna sensibilidad, el aberrante asesinato del comerciante de Paysandú por el solo hecho de ser judío, o la muerte de un joven por el simple uso de una “camiseta” deportiva nos imponen reconocer que la violencia no reconoce barreras de ningún tipo y afecta todos los ámbitos de la sociedad.

Sobran sesudos análisis sobre los orígenes, causas y consecuencias del fenómeno. No resulta demasiado difícil sintetizarlos concordando en que la pérdida de valores y la falta de educación, provocadas especialmente por el fenómeno de marginalización, (cualesquiera sean sus causas), son la razón eficiente fundamental de este crecimiento exponencial de la violencia social y el germen de las acciones delictivas más sangrientas.

¿Cómo enfrentar el flagelo?

Hay quienes opinan que debemos poner todo el énfasis en la educación, pues sólo a través de ella se podrá revertir un fenómeno que ya tiene base cultural. Y estamos de acuerdo. No sin recordar que la solución por esta vía demora no menos de veinte o treinta años. Pero seguimos de acuerdo.

Otros opinan que debe incrementarse la acción policíaca preventiva y represiva, usando de los más variados mecanismos, incluso todos los recursos humanos disponibles (sin que esto suponga sacar el ejército a la calle sin la educación y preparación necesaria). Y también estamos de acuerdo.

Y hay quienes entienden imprescindible una adecuación de la legislación penal a esta nueva realidad,( que no pasa por el simple aumento de penas), modificando los diferentes sistemas de excarcelación anticipada, ordenando el proceso penal, reduciendo el límite de edad de la imputabilidadal menos para los delitos de sangre y violencia más graves.

Y con ellos también estamos de acuerdo.

Pero en lo que no coincidimos es que cualesquiera de estas posiciones resulten contrapuestas, y menos aún, excluyentes.

Todas deben ejecutarse, iniciarse, ya. Y no es válido argumentar sobre las dificultades endógenas que cada una de ellas presenta, que efectivamente las tienen, como fundamento de posiciones de expectativa o dilatorias.

Quienes sostienen que las cárceles son escuela de delincuentes, universidades del crimen, seguramente tienen razón. También quienes se preocupan de las dificultades que presentaría incorporar otros recursos humanos a la acción policial existente. Y por supuesto que no se nos escapan las dificultades económicas y financieras que suponen nuevas estructuras de reclusión.

Pero todas estas razones, y cuantas otras puedan oponerse, ceden, caducan, ante la trascendencia  de valores superiores como lo son el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad y el trabajo de ciudadanos honestos que hoy viven temerosos por la vida de sus seres queridos, y por la suya propia.

Mientras esto escribimos nos enteramos de la decisión del gobierno de retirar el dinero de estaciones de servicio y taxímetro. Adecuada medida, aunque inútil a los efectos de disminuir esos manifestaciones de delincuencia. Sólo cambiará su destino. Apuntará ahora a panaderías farmacias, quioscos, almacenes, etc., etc.

No sabemos cuál es el número de delincuentes con condiciones de asesinar o usar de violencia física grave e indiscriminada para el ejercicio de su actividad delictiva. Pero no son miles, y seguramente sean menos de un millar. Quizás algunos cientos.

El objetivo principal e impostergable debe ser retirarlos de las calles usando de los medios que sean necesarios para ello. Y por supuesto que no nos referimos solo a quienes tienen más de dieciocho años, pues si hay menores con esa capacidad criminal (siempre que tengan el raciocinio imprescindible) también deben ser separados de la vida en sociedad, por todo el tiempo que corresponda a la gravedad del delito cometido.

Debe ajustarse el marco legal a las nuevas circunstancias sociales. Es inadmisible que reincidentes obtengan beneficios excarcelatorios y vuelvan a delinquir en horas. Como inadmisible también que jóvenes a quienes faltan días o meses para cumplir su mayoría de edad, que han cometido delitos de sangre se beneficien de un límite exiguo de reclusión.

El gobierno tiene la ineludible obligación de darle solución a este verdadero drama. Puede hacerlo, tiene las mayorías necesarias, pero además tiene una oposición que, no dudamos, colaborará incondicionalmente con las soluciones que se propongan.

Lo que no puede hacer es quedar de rehén de posturas ideológicas caducas, que desconocen o no se ajustan a la realidad socio-cultural actual, y que en su afán de purismo doctrinario olvidan el primero de los derechos del hombre, el derecho a la vida, y vida segura.

Por tanto, a educar, prevenir, reprimir y ajustar la legislación ya, sin demoras, excusas ni prioridades.

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