Dr. Jorge Larrañaga
Dr. Jorge Larrañaga

(10/04/16)  Estamos viviendo en una sociedad fragmentada. Es notorio como venimos perdiendo sentido de comunidad y que se ha resentido la convivencia nacional. Nos viene ganando la violencia y la delincuencia. Los uruguayos se sienten desamparados y han perdido uno de los principales derechos, el derecho a estar en paz. Esa derrota no es admisible para ningún Estado.

“Hay que combatir las causas del delito” se nos dice cuando planteamos una serie de medidas de urgencia. “Hay que educar, rehabilitar, formar en valores, predicar con ejemplos, estimular la cultura del empleo, generar oportunidades”. Por supuesto que sí. Estoy -como todo el mundo- de acuerdo con ello. El tema es que en todas esas materias el gobierno del Frente ha fracasado.

Tengo claro que no solo legislando sobre penas y delitos se soluciona el problema. Pero también se necesita combatir a la delincuencia.

Hay dos tiempos en la lucha contra la delincuencia. La respuesta inmediata, de urgencia, frente a una situación de excepcional gravedad; y el tiempo del combate de las causas, que viene siempre, de una política de  largo plazo.

Hay que decir las cosas como son. Durante mucho tiempo se ha sostenido que los delincuentes de hoy son resultado de las políticas de exclusión económica de los ´90.

Actualmente se está sembrando la mayor de las exclusiones, la exclusión cultural y de oportunidades, que supondrá luego, casi inexorablemente, la exclusión económica. La educación en Uruguay consolida la desigualdad y no hay perspectiva alentadora. Se nos prometió el cambio de ADN, y, sin embargo, los técnicos designados para realizar esos cambios sustantivos duraron ocho meses. Ocho meses y se tuvieron que ir. Las autoridades nos dicen que estamos bien, que no hay crisis educativa y la mitad de nuestros muchachos ni siquiera comprende lo que lee. Pero, para las autoridades, estamos bien.

Las políticas sociales, otro mecanismo para generar inclusión e integrar una sociedad, no fomentaron la cultura del trabajo, por el contrario, desde el gobierno se desarrollaron políticas de mero asistencialismo.

“Una sociedad integrada genera espejos positivos, contagia desde el ejemplo. Es desde arriba, desde el poder, con la prédica del ejemplo en Valores, que se derrama el mensaje para que impregne a la sociedad.

Tampoco aquí se han hecho las cosas bien. No se ha fomentado ni la excelencia ni el estímulo del esfuerzo como mecanismo de superación. Se quería una sociedad sin profesionales, se optó por fomentar la cultura del pobrismo y la chabacanería, simbólicamente inaugurada con el “no sea nabo Neber” y coronada con la expresión de relativismo “como te digo una cosa te digo la otra”.

Ese es el estado de las políticas de largo plazo que se nos recuerda, como Perogrullo, son la genuina solución frente al delito y la fractura social. Ese estado de cosas es nuestra llaga como sociedad.

La delincuencia nos roba hijos, hermanos, padres todos los días. Por supuesto que se necesitan políticas de largo plazo, pero también se necesita la reacción del Estado, de la mano de la reacción del gobierno, ya.

Hay que actuar de manera inmediata. No hay lugar para la excusa del largo plazo, en que los resultados vendrán cuando se vea el impacto de políticas sociales.

Para las víctimas, no hubo largo plazo.

Se necesita actuar de manera urgente, sin reservas ideológicas, sin el discurso políticamente correcto del largo plazo y la solución de fondo, porque si nos quedamos de brazos cruzados no habrá nada que salvar.

Esta situación de emergencia en seguridad nos llevó a presentar una batería de proyectos de ley para afrontar el problema de seguridad. Algunos las rechazaron de plano, sin discusión, sin diálogo, solo refugiados en el facilismo del “no”. Otros, además, las criticaron parapetados en la irresponsabilidad de no plantear ninguna alternativa. Si lo que proponemos no sirve, ¿qué sirve? ¿Qué se hace con lo que pasa hoy en la vida de los uruguayos que viven azotados por la inseguridad?

Soy absolutamente consciente de la necesidad de las políticas que combatan las causas del delito, pero aún si estas existieran y fueran eficaces –que reitero, en Uruguay no lo son-, se necesita el “mientras tanto”.

Quienes en su discurso público omiten las respuestas para lo que pasa en la actualidad, a cuenta de las políticas de fondo, observan el problema de una manera incompleta. Es evidente que se necesita mover al Estado en su rol de gendarme.

Se ha logrado, con la alerta de la Oposición, que se hizo eco del reclamo ciudadano, despertar al gobierno. Se anuncia que mil policías saldrán a patrullar. Eso es bueno. No deja de ser tardío, pero es al menos una respuesta ante el reclamo que venimos haciendo desde la Oposición. Llegaron 11 años tarde, pero llegaron.

Se logró además que el Poder Ejecutivo, que venía anunciado desde la campaña electoral de 2014 una convocatoria a los partidos, lo hiciera. El Presidente lo había anunciado siendo candidato en 2014, en su asunción el 1 de marzo de 2015. Finalmente, 1 año después de “la puesta en marcha”, 21 mil rapiñas después, 300 homicidios después, se convocan a los partidos de Oposición.

Aunque tarde, es un avance porque es evidente la necesidad de dar un giro a la política de seguridad. La falta de rumbo en esta materia que tiene el gobierno es evidente.

Todos los Ministros del Interior del Frente han fracasado, porque lo que fracasa es la política cargada de prejuicios ideológicos del gobierno; no reprimen el delito porque lo asocian con autoritarismo, y por sus preconceptos, pierde la sociedad, y pierde de verdad.

El próximo martes se realizará esta reunión entre gobierno y Oposición. Sería bueno y oportuno que el gobierno dirima antes con qué posición concurrirá. El primer diálogo debe ser entre el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista, que piensan muy distinto, al punto que hay proyectos del Ejecutivo cajoneados por la bancada del mismo oficialismo. Pongan la casa en orden.

En nuestro caso ponemos ideas sobre la mesa. El trabajo de gobierno y Oposición debe ser sobre puntos concretos, no divagues ni sofisticaciones, acá se precisan respuestas inmediatas. Aspiramos a que el oficialismo se quite la venda ideológica en la discusión de los asuntos de interés general, que no renuncie a defender a los uruguayos, que no se cierre y que no descarten iniciativas por el solo hecho de provenir desde la oposición.

¿Es tan equivocado aumentarle la pena a los que venden drogas para que no sea excarcelable ese delito? ¿Tan descabellado es evitar que entren por una puerta y salgan en una suerte de puerta giratoria?

¿Es tan equivocado que los menores que cometen un homicidio no tengan el beneficio de semilibertad? ¿O que a ese menor que mató no se le borren los antecedentes para que si vuelve a delinquir no se lo considere primario?

¿Es tan equivocado plantear medidas para luchar contra las bocas de pasta base? ¿O que la venta de cocaína en vez de tener un mínimo de 20 meses pase a tres años como lo han pedido jueces y fiscales?

¿Tan equivocado es que los padres de menores infractores sean responsabilizados por haber incumplido los deberes inherentes a la Patria Potestad?

¿Tan malo es crear una Guardia Nacional como segunda fuerza para proteger a los uruguayos?

¿Es malo que la policía tenga más posibilidades de actuación?

Esas son algunas de las medidas que estamos planteando.

Repito: Estoy de acuerdo con trabajar en el largo plazo, de corregir todas las políticas necesarias, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la alarma del presente.

El Estado tiene que rescatar a la sociedad, ponerle freno a la delincuencia.

El gobierno debe admitir que tiene un problema, no buscar excusas ni decir que somos un país seguro “porque los Rolling Stones salieron a pasear por Montevideo”.

Nosotros, como oposición, tenemos el deber de proponer y proponer, insistir hasta convencer, ir a todos los “diálogos”, pero también tenemos el derecho a exigir que sea sobre soluciones concretas, porque esto no se trata de gobierno u oposición, se trata de sociedad o delincuencia.

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