Dr. Luis José Martínez
Dr. Luis José Martínez

En términos históricos, el valor de la vida del ser humano se ha incrementado. Eso, no hay quien lo dude. Tan sólo quinientos años atrás, y aún más cerca en el tiempo, se practicaban –según lo sabemos de modo fehaciente—sacrificios humanos. La guerra era por entonces, en el mundo entero, un hecho completamente natural, y las reglas mediante las cuales se intentó moderar sus facetas menos humanitarias son de reciente data, además de escasamente efectivas.

Por otra parte, el valor de la vida variaba, dependiendo del lugar del mundo en que la persona se encontraba, por factores tales como el color de la piel, el origen familiar u otras condiciones, ya fueren éstas sociales, económicas o políticas. Como ejemplo, basta consignar que la abolición de la esclavitud se produjo, en la región del mundo que habitamos, en el siglo XIX, pero en muchas partes de ella su verdadera extinción sólo tuvo lugar más tarde.

Desde el punto de vista normativo, la evolución fue semejante, y no habría podido ocurrir de otro modo. Sin embargo, y pese a la consagración del derecho a la vida como un bien supuestamente intangible, la pena de muerte sobrevive hoy en diversos lugares del mundo, y en otros muchos proliferan las “ejecuciones extrajudiciales”, como una expresión de la violencia predominante en la sociedad.

Precisamente nuestro análisis no tiene por objeto examinar el fenómeno en el plano del relato histórico o del desarrollo legislativo a lo largo del tiempo, sino que se dirige a entender, o a tratar de entender, el valor que la vida de las personas tiene dentro de la sociedad; y más específicamente en esta sociedad nuestra, en la que vivimos. Y ello, desde el punto de vista de sus miembros, es decir, de cómo nosotros, los miembros de esta sociedad, percibimos hoy ese valor.

Por lo pronto, es un hecho que nos hemos acostumbrado a la violencia como un componente en aumento, poco menos que inexorable, de nuestra vida cotidiana. Nuestra vida, por cierto, no se compone tan sólo de lo que nos ocurre personalmente, sino también de lo que le pasa a los demás, puesto que la sociedad es el ámbito de nuestra existencia. Es difícil que no conozcamos, aunque sea de vista, a alguien que fue víctima de un delito violento en tiempos más o menos recientes. Precisamente, una de las mayores preocupaciones de las autoridades encargadas de reprimir los delitos, radica en la violencia creciente –y a menudo gratuita—con que ellos son perpetrados.

Adicionalmente, la comunidad se acostumbra también, como si fuera parte de su naturaleza y en consonancia con lo que ocurre en todas las latitudes, al vértigo que supone la persecución constante del bienestar material mediante la continua adquisición de bienes. La oferta de bienes es tan amplia como la imaginación de los productores y tan prodigiosa como la tecnología lo permite; y la demanda de ellos aumenta sin cesar, en virtud de impulsos connaturales a la especie y de muchos otros artificialmente generados por la publicidad y por la consiguiente ansia de imitación, que es una estimuladora insuperable del consumo.

De este modo tenemos configurada una mezcla singularmente peligrosa. Una sociedad que por un lado cuenta con la ventaja –sin duda maravillosa- de poseer medios tecnológicos benéficos, porque son eficaces para vencer enfermedades y por tanto prolongar la vida, y lo son igualmente para mejorar –tanto en rapidez como en calidad- nuestra comunicación con el resto del mundo, incrementando así nuestro conocimiento. Pero al mismo tiempo, una sociedad en la que la vida del espíritu ha perdido una gran parte de su espacio a favor de imperativos que la dominan, como el bienestar material y el estatus, y que van aparejando en forma inexorable la pérdida o disminución de determinados valores, sostenedores necesarios  de la comunidad. Y además, una sociedad que acostumbra a sus miembros a desear cosas que sienten como necesarias, aunque muchas de ellas no lo sean por sí mismas, de las cuales la mayoría no podrá obtener, en el mejor de los casos, más que una ínfima porción.

La desigualdad social, superficialmente mitigada con una pátina de asistencialismo que, si respondió en su momento a una necesidad, no debería eternizarse en tanto –de verdad—se promoviesen soluciones de fondo; el ímpetu irreflexivo de los seres humanos, inmersos en el turbión de un individualismo y un materialismo sin destino y reducidos, por tanto, a su dimensión como sujetos económicos; la pérdida de vigor de la cultura del trabajo, que fue en su tiempo el orgullo de nuestra sociedad y la piedra de toque de nuestra democracia (la que sólo puede ser auténtica si es incorporada por las personas, si radica más en la mente de los ciudadanos que en la propia ley escrita); el decaimiento general del sistema valorativo y (lastbutnotleast)el fracaso –la deserción se podría decir- de nuestro sistema educativo, forman parte de la realidad angustiante que vivimos.

No sólo la familiaridad con la violencia –en sus formas más variadas, visibles o encubiertas-  impregna el tejido social en virtud, entre otras, de las condiciones que acabamos de reseñar, a las que cabe añadir la prodigalidad con que ella se exhibe por los medios masivos de comunicación. También la familiaridad con la muerte, ese misterio que ha desvelado por siglos a los pensadores, y ante cuyo imperio fatal el hombre común tuvo desde siempre un respeto y un recogimiento especiales, convertida hoy en una pesada carga que cuesta soportar y, para aligerar la cual el ser humano de hoy, siempre fatigado en su búsqueda hedonista de la felicidad, reduce el tiempo de sus duelos cuando de un ser querido se trata y no tiene tiempo para detener un instante su camino ante el paso de una procesión fúnebre, ni mucho menos para pensar en aquello que puede el espíritu evocar ante el sino inexorable que a todos nos alcanza. La muerte desvalorizada, devaluada, para usar adjetivos compatibles con la cultura mercantil en que vivimos.

Si todo ello es motivo de preocupación legítima, lo es todavía más cuando se advierte la ligereza con que estas cosas son asumidas desde las propias instituciones. Una gran cantidad de homicidios que quedan sin aclarar (toda la vida los hubo y seguirá habiéndolos) son, de un tiempo a esta parte, cargados al rubro “ajustes de cuentas”, como si se tratase de un ítem cualquiera en la estructura burocrática. Un número indeterminado, especialmente cuando las víctimas son de condición humilde o directamente indigentes, pasan al olvido con sorprendente rapidez. Las autoridades nos brindan, una y otra vez, explicaciones supuestamente inteligentes sobre su propia ineficacia, pero la magnitud del problema de las muertes violentas, de todas las muertes que podrían no producirse si se hicieran esfuerzos apropiados para evitarlas, no parece conmover la ritual impasibilidad de tales autoridades.

Ejemplos terribles los hemos tenido en semanas recientes, y hasta el rastro de estos hechos podría desvanecerse en unos cuantos días. Un hombre habría sido agredido ferozmente por otros dos y, atendido en el mismo hospital psiquiátrico donde estaba recluido, permaneció allí mismo, por largas, muy largas horas para morir al día siguiente. No se sabe que se le hayan practicado exámenes paraclínicos, y es legítimo presumir que –quizás- su deceso habría podido ser evitado de habérsele prestado mayor atención. Eso ocurrió en el ámbito de Salud Pública, y lo que trascendió a la prensa es que se estaría tratando de saber qué fue exactamente lo que motivó su muerte, sin que exista motivo alguno por el momento para suponer que haya habido negligencia ni omisión por parte del personal que lo asistió. Es previsible que este episodio entrará a la bolsa del olvido en que yacen tantos otros, innumerables, anónimos, convertidos en expedientes (cuando los hay) cubiertos por el polvo.

Días atrás, una manifestación muy numerosa recorrió las calles de una ciudad del Litoral a fin de expresar su indignación por la muerte de una señora de 27 años, madre de una pequeña. Se leyó, en la ocasión, una breve carta por la que se informa a la población que la víctima habría debido ser trasladada al hospital público en ambulancia, pero el traslado se demoró y, finalmente, se hizo de modo tardío y por otro medio pese a que –afirman los denunciantes- había una ambulancia a pocas cuadras de allí. La presidenta de ASSE, hasta hace poco ministra del ramo, dio explicaciones acerca de los motivos por los que el servicio no había sido brindado. Explicó que está en curso un plan de racionalización de la asistencia en todo el país, con el fin de alcanzar el más eficiente uso de los recursos disponibles mejorando la calidad y rapidez de los traslados. Algo así como: “esto no funcionó porque no terminamos aún de implantar un sistema que venimos construyendo, pero quédense tranquilos que ya vendrán tiempos mejores”.

¿Cuánto hace que se sancionaron las leyes de reforma de las prestaciones en salud, y en especial la ley que instituye el sistema nacional integrado de salud? ¿Cuánto hace que la Administración a cargo de la doctora declarante goza de autonomía? ¿Cuánto dinero, cuántos recursos de toda clase se han destinado a la financiación del sistema nacional integrado de salud? Puesto que el dinero sale de los bolsillos de todos, todos tienen –tenemos- derecho a servicios de salud eficientes, rápidos y de calidad. Todos, y especialmente los más débiles, porque son los que más necesitan que el sistema público de salud se ocupe de ellos. ¿No ha habido tiempo ni recursos para tener funcionando hoy, el año pasado, el otro año anterior al pasado, un sistema mínimamente eficaz, de modo que las ambulancias de ASSE puedan atender una situación de urgencia? Una situación de urgencia, de una enferma, no una calamidad pública donde decenas o centenares de personas requieren atención médica.

Tranquilos, nos dice la autoridad. Vamos a averiguar bien de qué murió la paciente. Esto quiere decir, si hemos entendido bien, que probablemente la víctima habría muerto de todos modos. De ser así, ¡qué tranquilidad para las autoridades! y ¡qué consuelo para los familiares de la que murió! En cuanto a por qué no se le pudo brindar en forma tempestiva la asistencia urgentemente requerida, es algo que está en vías de solución, puesto que existe un plan que, una vez en aplicación, habrá de permitir que se afronten situaciones de esta clase.

¿Cuánto vale la vida humana?

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