Fernando Patrón
Fernando Patrón

Escasa sustancia resulta del comportamiento que el Frente Amplio (FA) ha adoptado en derechos humanos.Sus dirigentes ya no saben cómo ocultar la impunidad gestada en el Pacto del Club Naval cuando en agosto de 1984 junto al Partido Colorado (PC) y la dictadura- ignorando deliberadamente la proclama popular del Obelisco(“Por un Uruguay democrático sin exclusiones”)-acordaron celebrar elecciones en noviembre a su conveniencia electoral con Wilson preso por el régimen.¿Alguien puede suponer que el Partido Nacional (PN) burlaría la proclama del Obelisco, asistiendo al Pacto del Club Naval aceptando condiciones de diálogo reñidas con la misma y negándola ante los planteamientos de la dictadura?

Así las partes (PC y FA por una parte y representantes de la dictadura por la otra), lograron un entendimiento de contrato tácito que generó derechos y obligaciones a cumplir por cada una:asegurar la no revisión ni concurrencia a la justicia de los responsables de violaciones a los Derechos Humanos (PC-FA) a cambio de la entrega del poder (dictadura).

Aprovecharon que Wilson estaba y continuaría preso durante tal pacto y las elecciones de 1984,no siendo para nada comparable su situación con la del Gral. Seregni(Presidente  del FA)quien si bien también proscripto, fue liberado y pudo actuar conduciendo al FA a pactar al Club Naval mientras a Wilson en prisión se le prohibió la expresión y comunicación.¡Como será la cosa que no lo dejaron ni hablar!

Finalizadas las reuniones y en la puerta del Club Naval, el Comandante en Jefe del Ejército -participó en las negociaciones- expresa: “Las Fuerzas Armadas (FFAA) no aceptarán manoseos.Están dispuestas aceptar la justicia sobre algunos integrantes que se hayan manifestado deshonestos o actuado por cuenta propia.Pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y consignas de sus superiores, recibirán nuestro máximo respaldo” y después de instalado el gobierno democrático,obedeciendo al pacto,  guardó en su caja fuerte las citaciones a la Justicia.

Ninguno de los pactistas rechazó esas acciones,pero celebradas las elecciones,liberado Wilson tres días después y reinstalados los poderes de gobierno democrático republicano desde el 1º de marzo de 1985,apostaron al “refuerzo de rubros llamado Partido Nacional”, acudiendo a él para solucionar la grave crisis institucional que habían generado en el Club Naval .Y Wilson a fines de 1986 impulsa la Ley de Caducidad que desenmascaró las partes y reglamentó el pacto.

A partir de allí , el FA, comienza un camino sin fin:permanentemente grita“verdad y justicia,ni olvido ni perdón ,etc..”,aparenta impulsar pasos hacia adelante,pero en la práctica da pasos hacia atrás.

El primer adelantado fue el Gral.Seregni ,quien habiendo conducido al FA a pactar al Club Naval ,sabiendo que en cumplimiento de tal pacto no habría revisión  al régimen de facto y que las citaciones por la Justicia no serían cumplidas, previo a la sanción de la Ley de Caducidad ,se dirigió a Wilson proponiéndole suspender los juicios por un año y que la Justicia

Militar debía laudar los casos,con lo cual se configuraba la impunidad.

La fórmula debía ser presentada por el PN y votada por los Partidos Fundacionales; pero aclaró que el FA no la votaría,comprometiéndose él a atenuar la oposición,“no en forma absoluta, ya que Usted sabe ,yo no controlo mi gente”decía Seregni. (“La Democracia” Nº189/9/1/1987, pág.3,editorial de Wilson “La razón y el ruido”).

Wilson calificó de inaceptable la proposición y durante un recordado debate en el programa “Prioridad” de Canal10 le respondió: “me conformo con que voten lo que ustedes mismos proponen”.

Todo eso,hasta que en el Plenario del FA,mientras un integrante proponía “votar alguna solución que evite al país la crisis institucional que se nos viene encima”;otro del Comité Central del Partido Comunista expresaba:“no se preocupen,los blancos la arreglan ,son responsables y entonces nosotros aprovechamos , los ponemos en la máquina de picar carne y los destrozamos”(“La Democracia”  Nº194, 13/2/1987, Wilson documentos pág.3).

Inmediatamente de sancionada la Ley de Caducidad,desde el FA se sucedieron propuestas risueñas:1.-dar de baja a los militares en actividad o rebajar los haberes jubilatorios a aquellos retirados que no concurrieran a la Justicia,2.-huelga de hambre por parte del Presidente de la República,

3.-exclusión de militares, abandonando zonas de uso público si ellos están presentes o ingresan a las mismas y 4.-publicar en el Diario  Oficial y dos diarios de la capital por tres días, los nombres de los militares omisos en declarar a la Justicia. (“La Democracia” Nº187, 26/12/1986, pág.8 “Rebajar la jubilación para lograr verdad y justicia”).

A efectos de anular la Ley de Caducidad ,el FA propuso un referéndum y como la ciudadanía el 13 de abril de 1989 con su voto decidió ratificarla, optó por una reforma constitucional mediante plebiscito en la Primera Vuelta Electoral del 25 de octubre de 2009.Desestimado por la ciudadanía el proyecto de reforma constitucional,analistas políticos confirmaron que un importante porcentaje de votantes del FA había votado a favor de la Ley de Caducidad. Sin embargo, frenteamplistas catedráticos de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho ,sostuvieron que una mayoría circunstancial no puede derogar ni limitar los derechos humanos que son de carácter absoluto y dogma principal del Estado de Derecho.Me pregunto: ¿para qué promovieron el referéndum y el plebiscito?

Complementando estos conceptos y tras palabras del Dr.Tabaré Vázquez -aludiendo desconocer la voluntad ciudadana manifestada -de que “las mayorías no siempre tienen la razón”,igualmente el FA impuso sus mayorías parlamentarias para sancionar la Ley18831 el 27 de octubre de 2011;la cual en su art.1ºderoga  la ley de caducidad restableciendo la persecución penal de los delitos contenidos en la misma, el art.2º determinó que no se contara para la prescripción de esos delitos el período del 22 de diciembre de 1986(fecha de sanción de la Ley de Caducidad) al 27 de octubre de 2011 y finalmente, el art 3º declara que tales delitos son de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles.

La Suprema Corte de Justicia(SCJ )declaró inconstitucionales los arts. 2º y 3ºde acuerdo a un principio constitucional y garantía genérica de los derechos humanos:la ley penal no puede agravar retroactivamente las consecuencias jurídicas de una conducta, ni puede asignar un nuevo delito con posterioridad al momento en que aquella conducta fue realizada.El art.2º impide retroactivamente que corra la prescripción y el 3º considera delitos de lesa humanidad a conductas realizadas antes de que fueran ratificados por la Ley los Tratados que los tipificaron.

El FA incluyó los arts. 2º y 3º violando la Constitución en garantías fundamentales, porque cuando se decidió a derogar la Ley de Caducidad por el art 1º,era excesivamente tarde ya que se habían cumplido 26 años y fracción de la prescripción para los homicidios graves.

Vaya a saber uno por qué no derogaron la Ley de Caducidad si desde el 2005 el FA tuvo la mayoría parlamentaria y 6 años de plazo,suficientes para investigar y procesar a los eventuales responsables de homicidios graves evitando la prescripción que recién se cumplió a fines del 2011. Después acusaron a la SCJ de favorecer la impunidad.

Mediando enero de este año,el Vicepresidente Raúl Sendic-con anuncios de esperanza-encabezó una vasta comitiva integrada por representantes del PIT-CNT, la Institución Nacional de Derechos Humanos y familiares denunciantes de violaciones a los derechos humanos en el conocido Plan Cóndor  para presenciar el correspondiente juicio de la Justicia Italiana.Ésta emitió sentencia de absolución para 13 de los 14 uruguayos acusados(sólo condenó a cadena perpetua el excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco(ya condenado por nuestra justicia con prisión domiciliaria,no cambia su situación),pues entendió que los acusados de homicidio no habían cometido el delito y no consideró la acusación de secuestro al extinguir la causa por prescripción.Seguidamente familiares de detenidos desaparecidos acusaron a Sendic de haber viajado a Italia para “hacer teatro”.Y esto,después de que varios años se intentó encarcelar al Capitán de Navió(R) Jorge Tróccoli (uno de los acusados)procurando su extradición,pero los encargados de cursar el trámite lo efectuaron negligentemente vencidos los plazos procesales,por lo cual quedó sin efecto.

Inmediatamente,el Ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez,informó que reactivará la conformación de Tribunales de Honor y la rápida expedición de los que ya estén dispuestos para  funcionarios o militares que tengan condena firme de la justicia penal ordinaria cuando se trata de causas vinculadas a violación de los derechos humanos,con la finalidad de que al ser sancionados por los Tribunales de Honor dejen de percibir su Haber de Retiro con una quita de hasta dos tercios del mismo según la Ley Orgánica de las FFAA.

El ministro pretende -en abuso de derecho,cambiando el fin y espíritu de las normas jurídicas,reflotar aquella propuesta  jocosa del FA de “rebajar la jubilación para lograr verdad y justicia” (“La Democracia” Nº187, 26/12/1986,pág.8).

En enero de 2014, durante el gobierno del Presidente Mujica y en acuerdo con el entonces Ministro de Defensa Fernández Huidobro, se conformó un Tribunal de Honor para el Tte.Gral.(R) Gregorio Álvarez,condenado por la justicia en 2009, así como para otros militares que se encontraban en la misma situación ;pero por distintas causas, no concluyó su labor.

Fallecido el Tte.Gral.(R) Álvarez el 28 de diciembre de 2016,Menéndez, (Subsecretario desde el 2011 y Ministro de Defensa a partir de agosto de 2016) ,repentinamente se acordó de los derechos humanos reactivando tribunales a fines de enero de este año,habida cuenta del fracaso en Italia y de la publicación en un semanario de los montos percibidos por los militares retirados en cuestión.

El 20 de mayo de 2015, aprovechando la 20ªMarcha del Silencio en reclamo de verdad y justicia ,el Presidente Tabaré Vázquez instituyó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que “investigará crímenes desde el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985 y promoverá la Justicia en el marco del Estado de Derecho, sobre la base de las normas y estándares internacionales de Verdad, Justicia, Memoria, y garantías de no repetición”.

Vázquez incorporó 5 años a la dictadura decretando que investigar todo es la mejor forma de no investigar nada.Pero, no termina aquí.

El pasado 20 de mayo se realizó la 22ª Marcha del Silencio bajo la consigna “Impunidad,responsabilidad de los gobiernos de ayer y de hoy”.

Oscar Urtasun,integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que “el Grupo de Verdad y Justicia no está funcionando bien.Hay quienes trabajan y otros no y un representante como Michelini con un rol político. No se trata de laburar para llenar el ojo, se trata de laburar para conseguir verdad y justicia.La culpa no la tiene el perro, sino quien le da de comer; todo es responsabilidad de Tabaré Vázquez” (Montevideo Portal 16/5/2017). Un comunicado de la misma organización agrega:“hay un freno que siempre enlentece retarda u obstaculiza los avances”.

La razón está explicada en la primera página de la columna.

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