Diputado Nicolás Olivera
Diputado Nicolás Olivera

EL diputado aliancista NICOLÁS OLIVERA convocará a la Ministra Cosse a la Comisión de Industria. ANTEL contrata en forma directa obras de infraestructura con un gasto de más de 11 millones de dólares.

En el marco del Proyecto ANTEL ARENA, el ente de las telecomunicaciones realizó una nueva contratación irregular en forma directa por un monto que excede los 11 millones de dólares, que ha sido objetado por los servicios jurídicos del Tribunal de Cuentas.

Cabe recordar que el órgano de control en el mes de abril de 2013 observó el convenio celebrado entre la Intendencia de Montevideo y ANTEL por entender, entre otras consideraciones, que la instalación, funcionamiento y gestión de un Complejo Multifuncional (ANTEL ARENA) se encontraba por fuera de sus competencias.

En este nuevo capítulo, ANTEL entendió necesario tramitar la contratación de una empresa para la ejecución de tareas diversas de infraestructura en el complejo relacionadas particularmente con obras viales, caminería, parquizado, etc. , utilizando para ello el mecanismo de la contratación directa cuando en realidad correspondía haber recurrido a la Licitación Pública.

A través de un procedimiento excepcional y carente de las amplias garantías previstas para los procedimientos competitivos, ANTEL sostuvo que la presente contratación se encuentra destinada a servicios que se encuentran en régimen de libre competencia.

Seguramente esta adquisición será observada por el Tribunal de Cuentas, no sólo porque – como ya lo ha dicho – estamos frente a una actividad que se encuentra por fuera de la competencia de ANTEL, sino porque además, claramente no se configura aquí un caso de libre competencia.

Si lo anterior no fuera suficiente para poner el freno en estos procesos desviados, utilizando una causal de contratación excepcional no aplicable, ANTEL pretendió además establecer un manto oscuridad y secreto, al disponer que toda la información vinculada a la contratación sea tratada como reservada por un plazo de 10 años.

En este nuevo eslabón de una larga cadena, se incurre en una nueva irregularidad en el manejo de los dineros públicos, al no cumplirse con los principios de buena administración financiera aplicables, perdiendo de vista que en el Artículo 23 del Decreto 30/003 (Normas de Conducta en la Función Pública) se establece la obligación de todos los funcionarios públicos de ajustarse a las normas de administración financiera aplicables, constituyendo sus transgresiones faltas administrativas aún cuando no ocasionen prejuicios económicos.

Ya sea por el convenio original como en esta contratación en particular, se ha transitado por el camino de la ilegalidad cuando debió primar lo jurídico, ajustándose sin apartamiento al a las normas aplicables, procurando una correcta y adecuada utilización de los recursos públicos.

En este caso, se ha verificado que ANTEL no tramitó los procedimientos en forma adecuada, no instauró un procedimiento competitivo, ni permitió la participación o concurrencia del mayor número de interesados, afectando la libre competencia e impidiendo acceder a las mejores condiciones para contratar.

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