Dr. Jorge T. Bartesaghi
Dr. Jorge T. Bartesaghi

Esta calificación nos merece el reciente anuncio del Poder Ejecutivo dando cuenta de la aprobación del aumento de tarifas de los servicios y productos que el estado provee a través de sus Entes Autónomos.

Mucho se ha dicho sobre la esencia y fundamento de estos aumentos que han sido calificados como impuestos encubiertos, a través de los cuales el gobierno busca enjugar o disimular déficits de su propia gestión.

Lo que nadie duda es que estos aumentos tarifarios no tienen otro fundamento que una extracción de dinero a la población burlando la prohibición legal de imponer impuestos en vía administrativa. Esta actitud deja por el camino el principio de racionalidad y proporción del precio de los servicios que se brindan con sus costos de producción. Olvida también la autonomía de los Entes que nuestra Constitución consagra, imponiendo el Poder Ejecutivo definiciones en la materia sin otro fundamento que las urgencias fiscales del gobierno.

No entraremos en el análisis casuístico de los distintos aumentos pues han tenido suficiente información en medios de prensa que se han hecho eco de las diferencias conceptuales entre el Ministerio de Economía y autoridades de los distintos organismos estatales.

Pero aún sin hacerlo a todos nos queda claro que dichos aumentos no se sustentan en las necesidades del servicio por lo que les es perfectamente aplicable el calificativo de INNECESARIOS.

No está en discusión los tradicionales aportes que los distintos Entes hacen a Rentas Generales en función de las utilidades generadas. Pero sí que estas utilidades se incrementen por decisión unilateral del Gobierno Central, sin más fundamento que la necesidad de paliar déficit causado, en buena parte al menos, por deficiencias de su propia gestión. Creo que a nadie puede agraviar que les califiquemos de INJUSTOS.

Pero quizás lo que más moleste es escuchar los distintos argumentos con los que se pretende justificar la necesidad de estos  aumentos.

Nos entera la prensa, según declaraciones de Ministros de Estado, que en el caso de Ose el costo excesivo del suministro obedece a que un volumen muy importante del agua potable que se produce, cercano al 40%, se pierde por deficiencias en la red de distribución.

O cuando se nos comunica, en carácter pretendidamente justificatorio, que los costos de UTE se ven incrementados por 40.000 hogares colgados ilegalmente del servicio, y que por naturales deficiencias del proceso cada uno de ellos consume tres veces lo que consume un usuario regular. Dicho de otra forma: el equivalente a 120.000 hogares apropiándose ilegítimamente de la energía producida.

Sin caer en el simplismo de desconocer la realidad social que se esconde detrás de una conexión irregular al tendido de la red eléctrica, preguntamos: ¿no sería mejor que Ute se dedicase a regularizar esos servicios ofreciendo todos los beneficios necesarios para para facilitar y ayudar este proceso?

Y si no fuere posible, ¿ no le serviría hacerlo gratuitamente, por su cuenta, asegurándose de esta forma al menos la reducción del consumo excesivo e inútil que provoca la conexión irregular?. Nada menos que al equivalente de 80.000 hogares.

Y Ose, ¿no debería implementar un plan de regularización de su red de suministro, en plazos y tiempos lógicos y posibles, para evitar que se siga perdiendo el agua potable que produce?.

De Ancap no es necesario hablar. Un organismo monopólico en la industrialización de hidrocarburos, que nos impone los precios más elevados de la región, y que provocara el tremendo “agujero negro” que nos regaló el pasado año, nos exime de todo comentario.

Así planteadas las cosas, no puede dudarse de que la causa de mayor eficiencia en los hechos que determinan este “tarifaso fiscal” debemos buscarla en la ineficacia de gestión de las autoridades de gobierno, en cuanto pretenden resolver las dificultades por el mecanismo simplista del aumento.

El Estado parece ser el único lugar donde las TICS, “nuevas tecnologías de comunicación y gestión”, que en poco tiempo han cambiado al mundo multiplicando sus índices de productividad y eficiencia, no han dado los resultados esperados. Cada vez más funcionarios, menos eficiencia y peores resultados nos obligan a esta triste conclusión.

Para completar el título, agregarle al “tarifaso” el calificativo de INUTIL no parece exagerado.

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