Dr. Jorge T. Bartesaghi
Dr. Jorge T. Bartesaghi
13/10/17
13/10/17

La renuncia de Andrés Masoller a la Dirección de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto en evidencia dudas e importantes diferencias sobre el enfoque de la negociación que llevara adelante el Poder Ejecutivo con directivos de UPM.
Quien hasta entonces gozara de la plena confianza del Ministro Astori (lo solicitó en comisión del Banco Central donde era funcionario) al punto de ubicarlo como tercera figura en el ordenamiento jerárquico del Ministerio, le presentó su renuncia indeclinable y escueta, fundada exclusivamente en las divergencias conceptuales sobre las exigencias de la empresa y las concesiones que, presumiblemente, el gobierno estaba dispuesto a aceptar.
Lo cierto es que, a partir de ese momento, el sistema político todo y la opinión pública en general asumieron la trascendencia del tema, y la necesidad de poner sobre el tapete los puntos de negociación que pudieran afectar desde la situación medio-ambiental, hasta las consecuencias económicas en los planos laboral, impositivo, social, de infraestructura y otros.

Apenas planteado el tema, tanto en el ámbito político como en la opinión pública, el gobierno ha pretendido resguardar la información, negándola al conocimiento público, basado en un presunto compromiso de confidencialidad acordado con la empresa, que le impediría hacer pública toda información vinculada tanto a las exigencias de esta, como a los beneficios comprometidos por parte del estado.

No desconocemos los parámetros de reserva en los que debe moverse una situación como la planteada, pero no admitimos sus límites absolutos por cuanto convertiría la negociación en asunto amparado por un manto de discrecionalidad total que no se compadece con las naturales limitaciones que tienen los órganos de gobierno para su ejercicio funcional.

La actividad de gobierno tiene límites constitucionales y legales que no pueden sobrepasarse. Y por supuesto que la ciudadanía tiene el derecho de conocer y controlar la legitimidad de los fines y de los procedimientos aplicados.

Pero el derecho ciudadano se convierte en irrenunciable obligación de contralor para el sistema político en general, y especialmente para quienes detentan la representación de la gente.

Es de orden que el Poder Legislativo no puede soslayar su obligación, sobre todo cuando refiere a temas esenciales que afectan un futuro que sobrepasa las actuales generaciones.

No puede escamotearse información sobre el impacto ambiental a causarse, cuyos efectos deberán ser asumidos por generaciones enteras. Tampoco puede ocultarse el verdadero costo económico de las obligaciones y concesiones que asume el estado de forma que pueda evaluarse seriamente el beneficio o perjuicio que traería al país el emprendimiento planteado.

Las gente necesita saber si los presuntos beneficios generados por la inversión prometida tienen un efecto prolongado en el tiempo, o se agotan en o limitan a los tiempos de implantación.

Necesita saber también si la renuncia fiscal que hace el país es la contrapartida justa al impacto económico y social que provocaría la inversión.

Al Poder Legislativo en general, a la oposición en especial y a la ciudadanía seria y preocupada por el futuro no se le puede negar información trascendente al amparo de un presunto principio de “confidencialidad”.

Naturalmente que existirán datos de reserva que no necesitan hacerse públicos, en cuanto no hacen a la sustancia, al fondo del asunto.

Pero ninguna de ellos puede ocultársele a un Parlamento, o parte de él, comprometido con la obligación de controlar el correcto ejercicio de la función ejecutiva, y velar por un mejor futuro para todos.

La renuncia de Andrés Masoller y la aceptación y silencio del Ministerio de Economía nos inducen a pensar que “algo huele a podrido en Dinamarca”.

Si no es así, y ojalá no lo sea, el Poder Ejecutivo tiene en sus manos la obligación y la posibilidad de hacerlo. Es lo que esperamos.

La confidencialidad nunca será excusa suficiente para evadir obligaciones y responsabilidades irrenunciables.

One thought on “Confidencialidad… ¿Excusa suficiente?

  1. Mas allá de simpatías o antipatías filosóficas políticas en una negociación que se extiende en el tiempo vaya uno a saber 3, 4 , 5 quizás mas períodos de gobierno
    Nuestros representantes de la oposición tienen que saber que se está cocinando porque después que se pone “el gancho”, agua y ajo, el país no es como uno que emigra, se muere o va preso, si no tiene peculio personal, aquí queda PRENDADO EL FUTURO, en aras de un “triunfo político”
    “Algo huele mal en Dinamarca” (Hamlet) los que han leído la obra saben en que momento lo dice el príncipe

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